En una actualización relevante sobre el estado de la seguridad pública en el país, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó de manera oficial que la comisión de homicidios dolosos ha experimentado una reducción acumulada del 48%. De acuerdo con las métricas presentadas, esta baja se sitúa en la comparativa realizada entre septiembre de 2024 y junio de 2026, consolidando una tendencia de contención criminal que, según voceros oficiales, representa salvar aproximadamente 41 vidas diarias en todo el territorio nacional.
El comportamiento de las curvas delictivas en las últimas décadas
Para contextualizar este comportamiento estadístico, analistas en políticas de seguridad apuntan a la necesidad de contrastar el panorama actual con los registros de administraciones previas. Durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), tras la implementación de la estrategia conocida como la "Guerra contra el Narco", las cifras formales de homicidios dolosos se incrementaron casi al doble en el país. Con la llegada de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la inercia delictiva mantuvo una constante trayectoria ascendente.
De acuerdo con registros gubernamentales, el punto de inflexión comenzó a manifestarse durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el cual se logró frenar la aceleración y revertir la tendencia al alza. La actual administración presidida por Claudia Sheinbaum Pardo ha reportado una aceleración notable en esta curva descendente, logrando que el promedio diario de homicidios se contraiga de manera pronunciada de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 45.4 al cierre del mes de junio de 2026.
Interrogantes metodológicas sobre los registros en el sexenio calderonista
Frente a las actuales comparaciones, diversas investigaciones periodísticas y sectores de la academia han puesto bajo escrutinio la veracidad de los datos presentados en años anteriores. Concretamente, analistas cuestionan si durante el gobierno de Felipe Calderón se registró una práctica omisiva en la clasificación de decesos violentos, sugiriendo que múltiples de estos sucesos pudieron haber sido catalogados bajo la figura de personas desaparecidas o, en su defecto, no contabilizados en ningún rubro oficial con el fin de atenuar la percepción social de la violencia. No obstante, incluso bajo las métricas oficiales de la época, el índice delictivo llegó a duplicar su tasa inicial.
El rol de las corporaciones mediáticas y las campañas de difusión
De acuerdo con reportajes históricos y análisis sobre la relación prensa-poder, se destaca el contraste de las líneas editoriales de las principales cadenas de televisión abierta, tales como Televisa y TV Azteca. Diversas fuentes bibliográficas documentan que, durante el sexenio de Calderón, los consorcios televisivos firmaron un acuerdo de cobertura informativa de la violencia, interpretado por críticos de la comunicación como un pacto de silencio orientado a no difundir imágenes ni datos que afectaran la estrategia militar de seguridad.
Por el contrario, observadores políticos y plataformas independientes señalan que, en la actualidad, algunos de estos mismos medios parecen adoptar una conducta contraria, implementando un silenciamiento informativo sistemático respecto a los resultados favorables y las contracciones porcentuales alcanzadas en esta administración, enfocando en su lugar la cobertura únicamente en eventos de alto impacto para influir en la percepción de la ciudadanía.
Un ejemplo documentado de esta polarización se asocia con el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca. Análisis periodísticos señalan que el magnate ha impulsado constantes discursos críticos y presuntas campañas de descrédito contra la administración federal a través de redes sociales y sus plataformas de comunicación. Diversas especialistas sugieren que este activismo digital coincide con el diferendo fiscal derivado de las determinaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales exigen a sus corporativos el pago de adeudos fiscales acumulados, lo que ha generado tensiones entre el cumplimiento estricto de la legislación tributaria y los intereses del sector empresarial.