En una acción coordinada por las autoridades judiciales federales, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo del Gabinete de Seguridad, dieron cumplimiento este jueves a una orden de aprehensión en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. La detención se efectuó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Las razones de la detención: Caso Agronitrogenados y Tochos Holding
Fuentes oficiales pertenecientes a la corporación ministerial informaron que la orden judicial fue emitida debido a su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). De acuerdo con las carpetas de investigación vigentes de la FGR, a la imputada se le señala por presuntamente haber fungido como beneficiaria y prestanombres de la empresa fachada Tochos Holding Limited.
Las indagatorias ministeriales sostienen que dicha compañía habría recibido transferencias financieras estimadas en al menos 3 millones de dólares provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA). Dichos fondos, según la hipótesis del Ministerio Público Federal, supuestamente se habrían empleado para la triangulación de presuntos sobornos y el ocultamiento de bienes raíces vinculados a las transacciones con sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en el año 2014.
Tras materializarse su captura, la señalada fue puesta inmediatamente a disposición de la autoridad judicial federal competente para iniciar formalmente las audiencias de control y determinar su situación jurídica, salvaguardando en todo momento su derecho al debido proceso y el principio de presunción de inocencia.
El nexo con el Caso Fertinal y Ricardo Salinas Pliego
El nombre de la familia Lozoya no se limita de forma exclusiva al expediente de Agronitrogenados. Registros de auditorías e investigaciones periodísticas de amplia difusión pública han establecido que los involucrados se encuentran también bajo escrutinio por su presunta vinculación en el denominado Caso Fertinal, otro de los grandes escándalos corporativos que impactaron las finanzas de la petrolera estatal durante la administración federal pasada.
Este caso consistió sustancialmente en la adquisición por parte de Pemex de la empresa de fertilizantes Grupo Fertinal en 2016, por una suma que superó los 635 millones de dólares. Múltiples indagatorias han resaltado que el complejo industrial se encontraba en condiciones técnicas de insolvencia o virtual quiebra al momento de la firma, lo que representó un aparente sobrecosto multimillonario para el erario público.
En este entramado financiero se ha documentado recurrentemente la participación del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. Reportes financieros señalan que el magnate mantenía nexos directos con el consejo directivo de la firma vendida y que, a través de Banco Azteca —institución de su propiedad—, actuaba como el principal acreedor de Grupo Fertinal. Diversas denuncias apuntan a que la operación permitió transferir una cuantiosa deuda privada de particulares hacia los fondos públicos nacionales, resultando el conglomerado bancario uno de los beneficiarios principales de las liquidaciones de pasivos aprobadas por la gestión de Emilio Lozoya.
Estatus judicial y consideraciones de carácter legal
Hasta el momento de la publicación de esta nota informativa, los representantes legales del exdirector de Pemex —quien actualmente enfrenta sus respectivos procesos penales bajo la medida de prisión domiciliaria— no han emitido un posicionamiento formal en relación a la aprehensión de Gilda Susana. Se espera que la FGR emita comunicados complementarios en las próximas horas.
Es indispensable precisar que la naturaleza de la información aquí vertida proviene de carpetas de investigación en curso y reportajes periodísticos de interés nacional. Las responsabilidades civiles o penales de los ciudadanos y empresarios mencionados en estos supuestos esquemas delictivos quedan sujetas estrictamente a las resoluciones finales dictadas por los tribunales federales de la República Mexicana.